El gobierno federal propone en su presupuesto para 2010 un nuevo mecanismo de recaudación que denomina “impuesto contra la pobreza”. Este consiste en el cobro del 2% generalizado a la venta de bienes y servicios. Hacienda invoca, principalmente, dos argumentos que, según ellos, respaldan su propuesta: dicen que esta nueva contribución es un impuesto progresivo, ya que, pagan más quienes más tienen. Por lo tanto la mayor parte de la recaudación provendrá de los contribuyentes con mayores ingresos[1]. Además de que dicha contribución “no va a afectar a los pobres porque precisamente se va a destinar para mejorar su situación"[2]. Sin atender a las causas de nuestra situación fiscal, que son también consecuencias de decisiones desacertadas expreso mi inconformidad confrontando ambos argumentos.
Un impuesto progresivo es aquel cuyo gravámen, expresado como porcentaje del ingreso, se incrementa a medida que se eleva el ingreso, es decir, mientras más se gana más se paga y por lo tanto existe un mayor sacrificio para quienes tienen un mayor ingreso. Esto se fundamenta en una solidaridad para con los que menos tienen y en una búsqueda de una mejor distribución del ingreso para disminuir las desigualdades. Luego entonces, todo impuesto que busque combatir la pobreza y favorecer a la población más necesitada tiende a no ser proporcional, para que sean los más pobres los que menos sacrifiquen y más beneficio reciban.
Este no es el caso de la nueva contribución del 2% al consumo que el gobierno federal propone, lo que en el fondo demuestra sus intenciones, (complacer a las calificadoras para mantener nuestra calificación a cualquier costa, incluso el de nuestra economía), aunque encubiertas de forma hipócrita e insensible en una retórica que ha caracterizado al gobierno a lo largo de esta administración.
La alimentación y la salud son necesidades básicas sin las cuales el ser humano no puede sobrevivir y por eso gravarlas resulta una muy efectiva forma de recaudación, pues es un gasto que no podemos darnos el “lujo” de eliminar o en términos fiscales evadir o eludir. Esto se puede observar claramente cuando en tiempos de crisis, como el actual, las familias recortan sus gastos para atender primordialmente su salud y su alimentación[3]. A sabiendas de ésto, el gobierno propone su nuevo impuesto, que de manera encubierta, por decir lo menos, busca gravar alimentos y medicinas. ¿Por qué son los pobres los más afectados? Para dar respuesta a esta pregunta presento la siguiente tabla publicada por el consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL) dependencia del gobierno federal.[4]
Como podemos observar en la tabla, en el año 2008, para el 20% más pobre de la población, el gasto en alimentos representa un 46.1% de sus gastos totales, mientras que el promedio nacional es de 33.6% para el mismo rubro. Para el quintil mas pobre, cobrarle el 2% de impuesto a sus alimentos representa un 0.92% de su gasto total mientras que al resto de la población que destina proporcionalmente menos a su alimentación, 33.6%, cobrarle el 2% representa solamente el 0.672% de sus gastos totales. Aquí se ve claramente como este impuesto representa un mayor sacrificio para quienes supuestamente va a ayudar. Es decir, no solamente no es progresivo sino mas bien es regresivo. Mucho menos es equitativo, como afirma el gobierno[5] porque trata de forma igual a los desiguales
El anterior es un ejemplo claro y conciso pero obedece a una lógica más general y muy simple. Quienes menos tienen no pueden siquiera satisfacer sus necesidades más básicas, menos aún tienen capacidad para ahorrar y por lo tanto erogan la totalidad de sus ingresos en consumo (de subsistencia). Lo que significa que para ellos gravar 2% al consumo es un aumento impositivo del 2% a su ingreso. Si observamos que 18.2% de la población vive en condiciones de pobreza alimentaria, es decir, se encuentran incapacitados para obtener una canasta básica alimentaria, aún si hicieran uso de todo el ingreso disponible en el hogar, este gravámen les restaría aún mas su capacidad inmediata de obtener alimentos que de por sí no es suficiente, en espera de ayuda de programas que han demostrado su ineficacia en los resultados. Lo que el gobierno les pide es: Media tortilla hoy para posiblemente una tortilla mañana. Más hambre ahorita para ¿menos? hambre después.
Este impuesto lejos de combatir la pobreza, se aprovecha de ella, reconociendo en las necesidades humanas más básicas una imposibilidad de la población de evadir una imposición fiscal. Y por eso afirmo que es un impuesto que grava insensiblemente la búsqueda de la salud mediante el consumo de medicinas y grava inhumanamente el hambre que sufre la población en estos tiempos de crisis.
En la propuesta presentada por el ejecutivo hay dos supuestos: primero, que el impuesto sea aprobado y, segundo, que verdaderamente se dirija al combate a la pobreza, sin que afecte a los más pobres, porque precisamente se va a destinar a mejorar su situación. Supongamos que el primer supuesto se cumple, y el impuesto de 2% al consumo es aprobado por el congreso, lo que nos deja frente al segundo. ¿Realmente será dirigido a combatir la pobreza? Y más importante ¿Dará resultados? ¿Mejorará la situación de los más pobres?
La política social del gobierno actual se puede resumir fácilmente: aumento del gasto y aumento de la pobreza. Si bien es cierto que existen factores externos que agravaron la situación como el aumento en el precio de los alimentos y la crisis mundial, también es cierto que el gobierno tomó medidas para contrarrestarlo, como el apoyo alimentario “Vivir Mejor” que significó un aumento de $120 pesos mensuales ($4,500 millones de pesos) a los derechohabientes del programa Oportunidades. Medidas que claramente no dieron resultado, pues podemos observar que la pobreza durante la actual administración va en aumento. Un antecedente que es, como mínimo, desalentador.
El anterior es un ejemplo claro y conciso pero obedece a una lógica más general y muy simple. Quienes menos tienen no pueden siquiera satisfacer sus necesidades más básicas, menos aún tienen capacidad para ahorrar y por lo tanto erogan la totalidad de sus ingresos en consumo (de subsistencia). Lo que significa que para ellos gravar 2% al consumo es un aumento impositivo del 2% a su ingreso. Si observamos que 18.2% de la población vive en condiciones de pobreza alimentaria, es decir, se encuentran incapacitados para obtener una canasta básica alimentaria, aún si hicieran uso de todo el ingreso disponible en el hogar, este gravámen les restaría aún mas su capacidad inmediata de obtener alimentos que de por sí no es suficiente, en espera de ayuda de programas que han demostrado su ineficacia en los resultados. Lo que el gobierno les pide es: Media tortilla hoy para posiblemente una tortilla mañana. Más hambre ahorita para ¿menos? hambre después.
Este impuesto lejos de combatir la pobreza, se aprovecha de ella, reconociendo en las necesidades humanas más básicas una imposibilidad de la población de evadir una imposición fiscal. Y por eso afirmo que es un impuesto que grava insensiblemente la búsqueda de la salud mediante el consumo de medicinas y grava inhumanamente el hambre que sufre la población en estos tiempos de crisis.
En la propuesta presentada por el ejecutivo hay dos supuestos: primero, que el impuesto sea aprobado y, segundo, que verdaderamente se dirija al combate a la pobreza, sin que afecte a los más pobres, porque precisamente se va a destinar a mejorar su situación. Supongamos que el primer supuesto se cumple, y el impuesto de 2% al consumo es aprobado por el congreso, lo que nos deja frente al segundo. ¿Realmente será dirigido a combatir la pobreza? Y más importante ¿Dará resultados? ¿Mejorará la situación de los más pobres?
La política social del gobierno actual se puede resumir fácilmente: aumento del gasto y aumento de la pobreza. Si bien es cierto que existen factores externos que agravaron la situación como el aumento en el precio de los alimentos y la crisis mundial, también es cierto que el gobierno tomó medidas para contrarrestarlo, como el apoyo alimentario “Vivir Mejor” que significó un aumento de $120 pesos mensuales ($4,500 millones de pesos) a los derechohabientes del programa Oportunidades. Medidas que claramente no dieron resultado, pues podemos observar que la pobreza durante la actual administración va en aumento. Un antecedente que es, como mínimo, desalentador.
Estos resultados podrían ser ignorados, dándole al gobierno el beneficio de la duda, más por solidaridad con los necesitados que por extenderle un voto de confianza, que no se merece, si y solo si se divisara un cambio de rumbo en su política social en busca de resultados favorables. Rectificación que no se observa ni en el señor Calderón ni en su ministro de desarrollo social. Calderón afirma que “Aún en medio de la adversidad se propone mantener y reforzar los programas que han demostrado su eficacia” [6] Obvia preguntar ¿Cuáles son? Y ¿Cómo es que demuestran su eficacia? Si la pobreza sigue en aumento. Igualmente el encargado de dirigir la política social, Ernesto Cordero, no difiere de esta postura y sentencia, el gasto social y los programas de combate a la pobreza, a pesar de la situación económica mundial, se mantendrán inalterables.[7]
Sin este golpe de timón solo nos queda mirar hacia atrás para intentar visualizar los resultados del futuro. Tomemos como referencia la Secretaría de Desarrollo Social donde según el Presupuesto de Egresos de la Federación se pasó de $26,572,781,000 en 2006 a $50,088,709,400 en 2008; un aumento de casi el 100% que no se vió reflejado en una mejora en los índices de pobreza, puesto que en el mismo período observamos que aumentaron de manera considerable los 3 índices de pobreza, 5,030,768 personas cruzaron el umbral de la pobreza alimentaria, 5,107,847 el de la pobreza de capacidades y 5,872,945 el de la pobreza patrimonial[8]. Este aumento de presupuesto sin resultados no es característica solamente de SEDESOL, sino del Gobierno Federal en su conjunto. Conforme a lo expresado en el Segundo Informe de Gobierno, tan solo en 2008 hubo un aumento en los programas y acciones para superar la pobreza de 26.3% real con respecto a 2007 ascendiendo a $207,988 mil millones de pesos[9]. .¿Cuál fue el resultado? ¿Por qué sigue aumentando el índice de pobreza? ¿Están combatiendo la pobreza de manera eficaz? ¿Por qué habremos de confiar nuestros impuestos suponiendo que ahora si darán resultados?
El gobierno es un camión de bomberos que sabe que no tiene agua para combatir un incendio pero no se ha dado cuenta que también le faltan las mangueras. Nos pide a nosotros los ciudadanos que lo abastezcamos de agua para poder hacer frente al incendio inminente, pero no nos garantiza que cambiará las mangueras, peligrando que toda el agua que aportemos sea utilizada sin cumplir su propósito. El problema y la irresponsabilidad de la administración es que está jugando con una mecha de la cual no conocemos ni su largo ni su carga explosiva.
La planeación fiscal debe enfrentarse no con una visión meramente recaudatoria cuyas consecuencias si bien saneen las finanzas públicas terminen con destruir nuestra economía; esta no es la forrna de combatir la pobreza. Hay que incentivar el empleo, promover la demanda aumentando el poder adquisitivo, reactivar la planta productiva del país y, claro está, abatir la pobreza mediante la asistencia hoy y el salario mañana. Es innegable la necesidad de una mayor recaudación, una disminución del gasto o bien una combinación de ambas para cubrir el boquete fiscal. Afirmar lo contrario sería vivir fuera de la realidad. Por el lado de la recaudación, es necesario ampliar la base gravable, incorporando a la formalidad la economía informal. La solidaridad solo puede darse dentro de la ley, aunque es falso, en mi opinión, que aquí este la solución a nuestro problema. La verdadera solución requiere abandonar la dependencia recaudatoria petrolera mediante una justa y necesaria legislación fiscal progresiva, que busque combatir la desigualdad imponiendo un régimen donde quienes más ganan más aporten al presupuesto. Esto no ocurre actualmente en nuestro país; por eso vemos que la desigualdad sigue en aumento en un país ya de por sí muy desigual: este es el verdadero problema. Por el lado del gasto es necesaria una reducción drástica de quien más despilfarra, el Poder Ejecutivo, bajo la consigna de que no existe gobierno grande ni chico; existen gobiernos eficaces e ineficaces y, por lo tanto, el gobierno puede ser tanto parte del problema como de la solución.
Como dijo ya un gran político mexicano, el pueblo tiene al gobierno que tolera.
¡NO AL IMPUESTO A LA SALUD Y AL HAMBRE!
Adolfo Hellmund Govela
[1] Véase “Sería mayor el costo sin alza de impuestos: SHCP”
[4] Véase, “Reporte CONEVAL cifras de pobreza por ingreso 2008”, Dirección de Información y Comunicación Social, comunicado de prensa No. 006/09, 16-08-09
[5] Véase “Impuesto contra la pobreza es proporcional y equitativo: SHCP” <http://www.eluniversal.com.mx/notas/625734.html>, El Universal, 10-09-09
[6] Véase Mayolo Lopez, “Pide FCH ajustes en el gasto social” <http://mediosenmexico.blogspot.com/2009/09/pide-fch-ajustes-en-el-gasto-social.html>, Reforma, Ciudad de México, 09-09-09
[7] Véase “Aumenta Gobierno Federal en 15 por ciento, el gasto social para el Estado de México” <http://www.presidencia.gob.mx/prensa/comunicados/?contenido=43412>, Comunicación Social. Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL), 24-03-09
[8] Véase, “Reporte CONEVAL cifras de pobreza por ingreso 2008”, Dirección de Información y Comunicación Social, comunicado de prensa No. 006/09, 16-08-09
[9] Véase Daniela Rea, “Coinciden en foro convocado por REFORMA que evaluación de INEGI exhibe programas sociales”, Reforma, Ciudad de México, 18-07-09
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